La Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los Policás Locales ha comunicado que el Consejo de Estado ha dado Dictámen Favorable.
El RD será aprobado en unos días por el Consejo de Ministros y será publicado ipso facto en el BOE, entrando en vigor el 02 de Enero del 2019.
Es un momento feliz para el colectivo y desde el Sindicato de Policía Local de UGT en Euskadi queremo sumarnos al agradecimiento ya expresado desde la plataforma, haciendo público el reconocimiento al esfuerzo por todo el colectivo en la consecución de ese logro.
El anticipo de la edad de jubilación para los y las Policías Locales es una reivindicación que dió dus primeros pasos en el año 2006, de la que hemos sido impulsores desde su inicio y que gracias al trabajo en común ha obtenido este positivo resultado.
Cuenta Carlota Bustelo, primera directora del Instituto de la Mujer,
que una de sus principales prioridades fue cuestionar la violencia
machista que sufrían las mujeres en la soledad de sus hogares. Todo el
mundo conocía casos de mujeres que eran golpeadas o sufrían maltrato
psicológico. Lo terrible es que la sociedad lo consideraba inevitable y
lo aceptaba como hechos que ocurren en las relaciones privadas donde no
se puede intervenir. Era algo de lo que no se hablaba, como si hubiera
un pacto tácito por el cual se fingía ignorar que una mujer estaba
sufriendo malos tratos.
Han pasado más de cuatro décadas desde que Carlota pusiera en marcha la
campaña contra los malos tratos con el lema “Mujer no llores, Habla”.
En este tiempo se han producido grandes avances, como la aprobación en
el año 2004 de la Ley Integral de atención a la violencia de género, que
represento transformar una situación vinculada al ámbito privado a ser
de Interés público. La violencia contra las mujeres se convierte así, en
una cuestión en la que el Estado debe tener competencias tanto para la
prevención, como para adoptar todas las medidas necesarias que le
permitan actuar en la erradicación y protección de las mujeres que han
sido víctimas de violencia de género. Sin embargo, pese a las acciones
que se han ido realizando tanto desde las asociaciones de mujeres, las
instituciones públicas, como en la sociedad en general, la realidad es
que las mujeres continúan siendo asesinadas y sufriendo distintas formas
de violencia tanto en el ámbito privado como público y laboral.
Para la FeSP-UGT este es un tema prioritario en el marco de la
negociación colectiva, en dos sentidos complementarios. Por una parte
impulsando un enfoque integral de la violencia de género en los lugares
de trabajo, que incorporen de forma eficaz los protocolos de prevención y
eliminación de acoso sexual y por razón de sexo. Por otra, es preciso y
urgente, garantizar servicios públicos de calidad, con medios técnicos y
humanos suficientes y adecuados, que permitan garantizar una atención
adecuada a las víctimas de la violencia contra las mujeres.
El gran problema que nos encontramos es que tras las palabras y las
grandes declaraciones debe haber recursos públicos dotados de
presupuestos y plantillas especializadas, que puedan acometer tanto la
prevención, como la atención y el seguimiento de las mujeres que sufren
la violencia machista. No es posible, que cuando ya se ha cumplido un
año del Pacto Estatal de Violencia de Género, nos encontremos con
situaciones tan alarmantes, como que los principales servicios
estatales, de atención a las víctimas, como son el 016 o el programa
Cometa se encuentren en régimen de gestión indirecta ofertados por
empresas privadas ajenas a la complejidad que requiere la
especialización de la violencia de género, o que la mayoría de las casas
de atención a las víctimas se encuentren en el Tercer Sector, en una
situación de inseguridad constante, ya que dependen de las subvenciones
anuales, o que se externalicen a empresas privadas.
No es admisible que no se hayan acometido medidas urgentes que fueron
aprobadas en el Pacto Estatal de Violencia de Género o que las victimas
sigan viviendo situaciones imposibles para salvar sus vidas o las de sus
hijos e hijas.
Porque la violencia de genero nos compete al conjunto de la ciudadanía.
Porque es un asunto de estado. Debemos trabajar para abordar la
violencia de forma integral desde la coordinación y la gestión de las
Administraciones públicas. Contra la violencia de género necesitamos más
que palabras. Necesitamos Servicios Públicos de Calidad.
